El título elegido es uno de los lemas que escriben en sus cuerpos las integrantes del grupo Femen. La finalidad del mismo es convertirlo en un arma ilustrativa de la opción que defiendo. Quiero comenzar con una declaración de principios: yo no soy partidario del aborto, pues cuando el individuo aún no ha nacido no es igual a cero, es potencia, pero entiendo que esta opción moral mía, producto de mis más íntimas convicciones religiosas e ideológicas, no convierte en inmorales a quienes mantienen una opción diferente, y entiendo además que la moral no es divina, objetiva y absoluta, sino humana, subjetiva y relativa. No puedo aparentar por ello indiferencia ni suscribir la nueva ley del aborto aprobada por el Gobierno, que no reconoce ni permite la disidencia moral en este asunto.

A mí entender el aborto no es asunto de derechos subjetivos, sino una cuestión de libertades. No es una cuestión referida al derecho a la vida, ni al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ni una cuestión de derecho reproductivo o a la felicidad. Se trata de una cuestión de ejercicio de la libertad de conciencia. Y ambos conceptos tienen un sentido preciso y diferente. El derecho es el poder que el ordenamiento jurídico concede a los individuos de poder exigir a un tercero una conducta positiva o negativa de (un hacer o un no hacer); la libertad, sin embargo, es la capacidad del individuo para obrar según su propio criterio o voluntad.

Tratado el tema del aborto desde la óptica de la libertad de conciencia, la decisión se mantiene en el ámbito interno de cada individuo, la cual reclama no injerencia de terceros en él. Esta libertad exige libertad psicológica o libertad de decisión y libertad moral o libertad de elección. Sin embargo, cuando la decisión de abortar, de no llevar a término una gestación es considerada desde el punto de vista del derecho subjetivo, esta decisión es arrancada del ámbito interno del individuo y colocada en el ágora como objeto de debate social y político, planteamiento que desemboca inevitablemente en contienda entre partidarios y opositores del aborto, unos reivindicando su derecho a que el Estado permita un hacer (abortar), otros reclamando que el Estado lo impida. La autorización o prohibición del aborto entonces quedará sujeta a la correlación de fuerzas que en cada momento exista en la sociedad y en el Parlamento, convirtiéndose en un combate eterno de cambiante resultado en función de dicha correspondencia.

Cuando hablamos de libertad de conciencia hablamos de responsabilidad, pero también de tolerancia. Responsabilidad cuando mirados en el ámbito interno para elegir entre las diversas opciones vitales que se nos presentan de acuerdo con nuestros propios intereses y preferencias. La responsabilidad es el componente básico del comportamiento moral y surge de la cercanía con el otro. Y no existe mayor cercanía que la de la madre con el feto que lleva en su vientre. Pero la libertad de conciencia también implica tolerancia, que es la contemplación del individuo por otros desde el exterior de su otredad. Comporta reconocimiento del otro, respeto por la diferencia y por la pluralidad, capacidad para comprender y para hacerse comprender, moderación y templanza, pues el reconocimiento y la tolerancia de todas las opciones es la única posibilidad de convivencia.

Una ley del aborto como la que se ha aprobado por el Gobierno, que desde una concepción moral unívoca impide que otros individuos (con independencia que estos sean minoría o mayoría) puedan ejercer su libertad de conciencia es un signo de intolerancia y de inmadurez democrática, que convierte a quienes no participan de tal concepción en seres inferiores necesitados de tutela, al tiempo que proclama la superioridad moral de quienes imponen su supremacía con la única autoridad y legitimación de los podres institucionales que la sancionan y aplican. Esta ley parte de un estereotipo moral religioso estigmatizador de las mujeres que abortan, que crea una separación moral de éstas, que se convierte en distancia social cuando coercitivamente se les impone llevar a término un embarazo sin atender a las circunstancias económicas y sociales que puedan concurrir en cada caso concreto. De esta manera paradójica la ley que nace de una pretendida razón de defensa de la vida y enarbola como bandera la responsabilidad moral, no es más que un residuo irracional e inmoral que penaliza la vida y suprime la responsabilidad que dice defender. La mejor prueba de ello la proporciona su libertino y mentiroso título: ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

El aborto es un asunto de Estado, por las graves implicaciones y consecuencias que acarrea para las mujeres que interrumpen su embarazo, que requiere consenso político y social para alcanzar un punto de encuentro en un asunto que divide a la sociedad y evitar el vaivén pendular de la correlación de fuerzas existente en cada momento. Este encuentro sólo es posible tratando el aborto desde el prisma de la libertad de conciencia, que sólo queda garantizada con una ley de plazos. Una sociedad democrática y moral debe proporcionar a la mujer el contexto que le permita llevar a cabo la decisión de abortar sin el terrible coste adicional de criminalización, sufrimiento psíquico, incertidumbre e inseguridad económica que le acarrea una legislación prohibicionista como la aprobada. Por el contrario, como la conjunción rusa «a», que puede tener un significado más blando que su equivalente española y diverso en función del contexto, la realidad social respecto al aborto debe ser un escenario suave que cuide a la mujer en el difícil momento de la elección y después le ayude a restañar sus heridas, tarea para la cual debe existir suficiente dotación de recursos económicos, pues las mujeres necesitan esos cuidados, no que salven sus almas.

Via: laopiniondemalaga.es

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