Viviane Reding, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, defensora a ultranza de los derechos de la mujer y mujer habituada a la primera línea de combate, se encamina a un nuevo enfrentamiento con los Gobiernos de la Unión Europea, esta vez a propósito de sus planes para imponer la obligatoriedad de la cuota de “al menos el 40%” de mujeres en 2020 en los consejos de administración de las compañías cotizadas en la UE. Nueve países, encabezados por el Reino Unido y entre los que se encuentra Holanda, le han hecho saber que se oponen a su propósito.

Nueve son número suficiente para echar por la borda los planes de una Reding que parece aceptar el desafío: “Afortunadamente las leyes europeas no las hacen a puerta cerrada hombres de traje oscuro, sino que son fruto de un proceso democrático”.

Apenas el 14% de los puestos en los consejos de administración de las grandes compañías de la UE están hoy ocupados por mujeres, un porcentaje que desdice sus promesas retóricas de autorregularse y enmendarse, lo que ha terminado con la paciencia de Reding, que en 2011 les concedió un año para comprometerse con el desafío.

Tiempo perdido. De ahí la propuesta de la vicepresidenta de la Comisión para obligar a esas corporaciones a llegar en 2020 “al menos al 40%” de presencia de mujeres en sus máximos órganos rectores, aunque solo sea en los puestos de consejeros no ejecutivos, los que no intervienen en el día a día de la gestión de la compañía.

La comisaria se plantea elevar el próximo mes su plan al Parlamento Europeo y al Consejo (los Gobiernos de la Unión). “No es un secreto cuál es el objetivo de esta institución sobre las cuotas” declaró ayer su portavoz, Mina Andreeva.

Como tampoco son un secreto ni el plan ni la firme determinación de Reding, nueve países remitieron el viernes al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y a la propia comisaria sendas cartas en las que exponen su rechazo al régimen de cuotas. La contraofensiva partió del Reino Unido y a ella se ha sumado Holanda, que tiene ya legislación sobre la materia, más Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta, todos ellos en favor de la autorregulación.

“No apoyaremos medidas vinculantes de este tipo a escala europea”, concluye la carta filtrada por el Gobierno de David Cameron. Si bien Londres, como los restantes signatarios, reconoce que “existe un problema de muy poca representación femenina” en las empresas europeas, considera que “los esfuerzos deberían hacerse a escala nacional”.

El Reino Unido no descarta introducir cuotas en el futuro, pero hoy se considera satisfecho con la marcha del plan fijado para alcanzar paulatina y voluntariamente en 2015 el 25% de presencia femenina en los consejos de las cien mayores empresas cotizadas en la Bolsa de Londres. Malta, Hungría y Letonia cuentan con ínfimos porcentajes de presencia femenina en altos puestos de dirección (3%, 5,3% y 5,7% respectivamente). Solo Bélgica, Francia, Italia y España, además de Holanda, han legislado de forma más o menos ambigua sobre la materia.

La negativa de estos nueve, que cuenta con los parabienes de la patronal europea, es suficiente para bloquear la iniciativa de Reding, sobre la que también han manifestado reticencias Suecia, a través de su ministra de Igualdad de Oportunidades, y Alemania, país este último en el que si bien la canciller Angela Merkel no se ha pronunciado, sí lo han hecho sus ministras de Familia (en contra) y Trabajo (a favor). En la propia Comisión tampoco hay unanimidad. Entre quienes se oponen a la idea se cuenta a la vicepresidenta y representante para la Política Exterior, Catherine Ashton, llegada, paradójicamente, al cargo como fruto de la cuota femenina, y Cecilia Malmström, comisaria de Interior.

España ha sido citada en numerosas ocasiones en la Unión Europea por sus políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género. En la cuestión de las cuotas, la ley de Igualdad de 2007 establece de forma clara la cuota femenina en el ámbito público y político, así como las recomendaciones para conseguir la paridad en los consejos de administración antes del año 2015.

La normativa sobre igualdad en España surgió en 1983 con el Instituto de la Mujer, creado para fomentar la participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural. Ha desarrollado en estos 30 años cuatro Planes de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en busca de lograr estos objetivos. Sin embargo, no han ido más allá de meras recomendaciones.

Algunas iniciativas, como el Código Unificado de Buen Gobierno (2006) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), apunta claramente a la igualdad a través de las cuotas, especialmente tras la difusión de dos directivas europeas en este sentido. El organismo regulador recomienda a las empresas cotizadas promover la paridad y aconseja mayor presencia de mujeres en la dirección ejecutiva.

A partir de 2007, con la aprobación de la ley orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres sí se establece una representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, y también que las listas electorales deben incluir al menos un 40% de mujeres, con la cautela expresa de que ninguno de los dos sexos podrá tener más del 60%.

En el caso de las grandes empresas —más de 250 trabajadores— la cuota no es obligatoria. Pero se recomienda que abran sus consejos de administración a la participación de mujeres y establece un plazo de ocho años para que las empresas más relevantes —por ejemplo, las incluidas en el Ibex 35— incluyan a más mujeres (entre el 40% y el 60%) antes de 2015.

Cinco años después no se ha conseguido el objetivo. En el último informe de la CNMV solo el 4,4% de los consejeros ejecutivos son mujeres, lo que supone el 19% de los cargos directivos.

Según los últimos datos del INE, en 2010 solo un 0,3% de las mujeres eran directoras de empresas grandes o medianas, frente al 1,1% de hombres; un 4,4% directoras de pequeña empresa, departamento o sucursal y un 9,39% en los mandos medios y como encargadas de oficina o taller.

Por su parte, los partidos políticos acatan la norma pero a la baja, incluyendo en la lista una cuota femenina generalmente en los últimos puestos de las candidaturas. Las españolas ocupaban en 2007 el 36% de los escaños del Congreso; actualmente ocupan el 39%. Avanzar, se ha avanzado. Eso sí, a golpe de ley.

Via: sociedad.elpais.com

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